Los ministros de Medio Ambiente de la UE abordarán en la reunión del Consejo el 16 de octubre, en Luxemburgo, los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) y tratarán de adoptar unas Conclusiones.
Estas Conclusiones, que coordinará la Presidencia española del Consejo, servirán de posición negociadora general de la UE en la COP28, donde se intentará fijar el objetivo global de triplicar la capacidad renovable y doblar la eficiencia energética para 2030, así como aumentar la financiación climática.
La COP28 se celebrará en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023.
La Presidencia española considera que la UE debe acelerar la transición ecológica para poder afrontar las próximas grandes crisis globales y contribuir de forma efectiva a la lucha contra el cambio climático, sin comprometer su prosperidad.
Debe ser una transición que mejore la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión Europea y genere oportunidades de empleo, asegurando un reparto equitativo de las cargas, la justicia social y la solidaridad, y que tenga en cuenta a los ciudadanos más vulnerables.
La COP28 es, para la Presidencia española del Consejo de la UE, una cita estratégica que supone la última oportunidad para mantener al alcance el objetivo de impedir que la temperatura global se incremente 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales.
En ella se evaluarán los compromisos nacionales de los países recogidos en el Acuerdo de París.
Profundizar en la agenda climática multilateral
La Presidencia española cree que la Unión Europea debe trabajar para movilizar con mayor ambición una acción climática que permita cumplir el objetivo del 1,5 °C, en el contexto de un desarrollo resiliente al cambio climático.
En esa dinámica, impulsa una nueva ronda de contribuciones nacionales coherente con la ambición que reclama la ciencia, así como la construcción de puentes para profundizar en la agenda climática multilateral.
Medidas para la «contaminación cero»
El Consejo de Medio Ambiente tratará también de acordar una propuesta de revisión del Reglamento sobre normas de emisiones de CO₂ para vehículos pesados nuevos.
La propuesta tiene por objeto seguir reduciendo las emisiones de CO₂ en el sector del transporte por carretera, en consonancia con los objetivos climáticos de la UE, mediante el refuerzo de los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y la introducción de nuevos objetivos para 2035 y 2040.
Además, se incluirán más categorías de vehículos en los objetivos, en particular los autobuses y los remolques. La propuesta también establece que todos los autobuses urbanos nuevos tendrán que ser de emisión cero a partir de 2030.
La Presidencia española considera que se debe avanzar significativamente a nivel legislativo en la adopción de los reglamentos que restrinjan la emisión y uso de gases fluorados y de sustancias que agotan la capa de ozono.
Las medidas relacionadas con el objetivo de «contaminación cero» constituyen por ello una prioridad.
Europa debe liderar iniciativas como la mejora de la calidad del aire o la aplicación de una política ambiciosa de control y restricción de las sustancias químicas peligrosas en los procesos de fabricación.
En este contexto de reducción de los impactos de la actividad humana, la Presidencia española aboga por consolidar el control de las emisiones industriales y la transición hacia un modelo de economía circular, dando preferencia a aquellas iniciativas que tengan por objeto reducir los residuos y, especialmente, los plásticos.
Tratamiento de las aguas residuales urbanas
Otra prioridad es la mejora de la gestión del agua como recurso estratégico en un contexto de cambio climático, mediante la depuración de las aguas residuales, la reducción de la contaminación difusa por nutrientes y por sustancias prioritarias, y el fomento de la circularidad del agua.
En su reunión del Consejo, los ministros de Medio Ambiente de la UE tratarán también de alcanzar un acuerdo sobre una propuesta de revisión de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que servirá de mandato de negociación para iniciar las conversaciones con el Parlamento Europeo.
La propuesta amplía el ámbito de aplicación de la Directiva y pide a los Estados miembros que establezcan planes para que las grandes ciudades gestionen la escorrentía urbana procedente de las aguas pluviales. También introduce un objetivo vinculante de neutralidad energética para el sector del tratamiento de aguas residuales urbanas que debe cumplirse en cada Estado miembro de aquí a 2040, así como objetivos intermedios para 2030 y 2035.
La prevención y gestión de las sequías y de los aspectos cuantitativos del agua, en un contexto de disminución de precipitaciones, es también un punto de máxima relevancia para la reunión.
